El asalto a la educación pública: una estrategia para perpetuar la ignorancia

El asalto a la educación pública: una estrategia para perpetuar la ignorancia.

En un mundo donde la información fluye a una velocidad sin precedentes, resulta paradójico observar cómo ciertas élites políticas parecen empeñarse en bloquear el acceso a la educación de calidad para las clases más desfavorecidas. Los recientes recortes de la Comunidad de Madrid en los presupuestos destinados a las universidades públicas, combinados con el eco negacionista en el Senado de figuras como Jaime Mayor Oreja, ilustran un patrón que va mucho más allá de decisiones aisladas.

La educación, históricamente, ha sido el motor principal del ascenso social. En un contexto democrático, garantizar el acceso a la formación superior para todas las capas sociales no solo es un derecho, sino un pilar fundamental para el progreso de cualquier sociedad. Sin embargo, lo que estamos presenciando es un ataque frontal a este principio.

El caso de Madrid: educar a pocos, y mal.

En la Comunidad de Madrid, bajo el liderazgo de Isabel Díaz Ayuso, se ha consolidado un modelo que prioriza la educación privada y concertada sobre la pública, reservando la excelencia para quienes pueden permitírsela económicamente. Los presupuestos recortados para las universidades públicas no solo limitan la investigación y el desarrollo, sino que envían un mensaje contundente: la educación pública no es una prioridad, y quien no pueda pagar por una alternativa privada, deberá conformarse con menos.

Esto no es casualidad. Detrás de estas políticas se encuentra una visión de la sociedad profundamente desigual, donde el ascensor social que supone la educación pública es saboteado para perpetuar un statu quo en el que las élites económicas conservan su posición y las clases trabajadoras quedan relegadas a los márgenes.

Negacionismo: un síntoma de la estrategia.

Por otro lado, declaraciones como las de Mayor Oreja, quien desde su tribuna niega el consenso científico en cuestiones como el cambio climático, no son meros deslices. Estas posturas, amplificadas por medios afines, alimentan la desinformación y siembran dudas entre la población. Una ciudadanía desinformada es una ciudadanía más fácilmente manipulable, incapaz de cuestionar los verdaderos intereses detrás de estas decisiones políticas.

El negacionismo no solo refuerza las desigualdades sociales, sino que socava la capacidad crítica de las personas. En un mundo donde el conocimiento y la ciencia son esenciales para enfrentar desafíos globales como la crisis climática, este tipo de discurso tiene consecuencias devastadoras para el futuro colectivo.

La estrategia: educar lo justo para obedecer.

Es difícil no interpretar estas maniobras como parte de un plan más amplio: desmantelar los mecanismos que garantizan la igualdad de oportunidades. Una población con menos acceso a la educación superior y expuesta a la desinformación sistemática es menos propensa a exigir rendición de cuentas, a movilizarse o a entender los complejos entramados de poder que los gobiernan.

La educación, al igual que la sanidad, no es solo un servicio público: es una herramienta de transformación social. Y cuando se recorta su presupuesto, se mutila el potencial de generaciones enteras.

Resistir para educar.

Sin embargo, este panorama no debe llevarnos al derrotismo. La historia nos muestra que los avances sociales siempre han requerido resistencia, y este momento no es una excepción. Reivindicar la educación pública como un derecho inalienable, combatir la desinformación y promover el pensamiento crítico son tareas urgentes.

No es casualidad que las políticas educativas regresivas y el negacionismo científico provengan de sectores conservadores que temen un cambio en el equilibrio de poder. Lo que está en juego no es solo el presupuesto de una universidad o una declaración polémica, sino el modelo de sociedad que queremos construir: una sociedad basada en la igualdad de oportunidades o una donde el conocimiento sea un privilegio reservado a unos pocos.

El tiempo de decidir es ahora, y está en nuestras manos exigir un futuro donde la educación sea un derecho, no un lujo.