El uso del lawfare como herramienta política en España
El uso del lawfare como herramienta política en España.
En los últimos años, el término lawfare ha emergido como un elemento central en el debate político español. Esta práctica, caracterizada por el uso de mecanismos legales de manera estratégica, no para buscar justicia, sino para dañar la reputación, neutralizar políticamente o eliminar a un adversario, ha sido señalada por líderes progresistas como Pedro Sánchez y sus aliados.
¿Qué es el lawfare?
El lawfare se define como el uso de procedimientos judiciales y mediáticos para influir políticamente, en lugar de buscar justicia. En el caso español, esto incluye acusaciones judiciales infundadas, filtraciones mediáticas y largas investigaciones que terminan sin condenas, pero no sin antes haber infligido daño político (El País, 28/11/23).
Casos representativos y su impacto.
1. El proceso contra Podemos: Las operaciones policiales contra este partido, orquestadas bajo el Ministerio del Interior del PP, incluyen la fabricación de pruebas falsas que luego fueron filtradas a medios afines. Este patrón refuerza la sospecha de que se busca debilitar a formaciones emergentes que amenazan el bipartidismo tradicional (El País, 28/11/23).
2. Vicky Rosell y Mónica Oltra: Ambas líderes de la izquierda fueron perseguidas judicialmente con acusaciones que, aunque no prosperaron, lograron truncar sus carreras políticas. Estos casos son ejemplos claros de cómo las denuncias, aunque finalmente infundadas, se utilizan para erosionar la legitimidad de figuras progresistas (HuffPost, 10/11/24).
3. Pedro Sánchez: El presidente ha denunciado reiteradamente ser víctima de estas estrategias, especialmente en el marco de acuerdos polémicos con fuerzas independentistas. La derecha lo ha acusado de "traición" al aceptar concesiones políticas, mientras se filtran investigaciones y noticias que buscan desacreditarlo. Estas maniobras son vistas por el PSOE como parte de un "golpismo judicial" (La Vanguardia, 30/04/24).
Instrumentalización judicial y mediática.
El uso del lawfare no se limita a procedimientos judiciales. Según investigaciones y denuncias, también se han producido campañas de desinformación, como las ejecutadas durante el mandato de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior, donde se fabricaron pruebas contra líderes independentistas catalanes y figuras de Podemos, difundidas por medios afines al PP (elDiario.es, 15/01/24)
¿Un riesgo para la democracia?
Esta estrategia judicial y mediática se traduce en un deterioro del estado de derecho y en una desconfianza creciente hacia las instituciones. Como advirtió Pedro Sánchez, este tipo de prácticas "erosionan la democracia desde dentro", al convertir a los tribunales en herramientas de lucha partidista (HuffPost, 10/11/24)
El caso juez Peinado.
El juez Juan Carlos Peinado ha ampliado la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La querella fue impulsada por la asociación de extrema derecha Hazte Oír, aunque parte de las acusaciones, fueron desestimadas por el juez (Newtral 29/10/24).
El caso ha generado críticas desde el Gobierno, que considera estas acciones judiciales una extensión del "lawfare". La ministra portavoz Pilar Alegría ha reiterado la confianza en que la verdad saldrá a la luz. Estas actuaciones han sido señaladas por diversos sectores como parte de un clima judicial politizado, con acusaciones de golpismo judicial mediante procedimientos que buscan debilitar al Gobierno (RTVE 18/11/24, El País 10/11/24).
El caso de Begoña Gómez, junto con el de Koldo García e investigaciones similares, refuerza las sospechas de que la derecha política podría estar instrumentalizando el poder judicial con el objetivo de desestabilizar el Gobierno de Sánchez, bajo el paraguas de una supuesta defensa de la democracia. Sin embargo, estas prácticas, según críticos, amenazan con erosionar la confianza en las instituciones y debilitar el sistema democrático en sí mismo.
Víctor Aldama y el caso Koldo.
En el marco del caso Koldo, ha surgido controversia por la credibilidad otorgada a las declaraciones de Víctor de Aldama, quien ha afirmado haber sido miembro de la unidad internacional antiterrorista de la Guardia Civil (UCE2) y colaborar con la CIA y el FBI. Estas alegaciones han sido refutadas por fuentes oficiales, quienes desmintieron tales vínculos y calificaron las afirmaciones como infundadas (El País, 28/11/23). Además, se ha señalado que el CNI no actúa bajo órdenes del Ministerio del Interior, como afirmó Aldama, sino que depende del Ministerio de Defensa, lo que desmiente otra de sus declaraciones clave (La Vanguardia, 30/04/24).
A pesar de las inconsistencias en su testimonio, el juez instructor Ismael Moreno ha decidido concederle cierta credibilidad. Esto ha generado fuertes críticas, ya que se considera que su testimonio se basa en información que ya ha sido desmentida por las autoridades de seguridad del Estado (HuffPost, 10/11/24).
Estas decisiones alimentan la percepción de que el lawfare se está utilizando como herramienta política. Según analistas, el caso Koldo es un ejemplo más de cómo la derecha podría estar promoviendo estas prácticas para desestabilizar al Gobierno de Pedro Sánchez.
Investigación prospectiva.
La resolución, de 18 de noviembre de 2022 de la Audiencia Provincial de Madrid, recuerda la prohibición de investigaciones prospectivas.
En palabras de la STC 184/2003, de 23 de octubre, se consideran prospectivas aquellas investigaciones que se sustenten “en meras hipótesis o en la pura y simple sospecha, es decir, que no cuenten con un mínimo fundamento objetivo y material susceptible de eventual verificación”.
Las investigaciones prospectivas, tanto policiales como fiscales, están prohibidas en nuestro ordenamiento jurídico.
Conclusión.
El lawfare en España se percibe como un "golpismo de mazo" que utiliza los tribunales para lograr lo que no puede conseguir en las urnas. Este fenómeno plantea una reflexión urgente sobre el equilibrio entre la acción política legítima y la manipulación de las instituciones democráticas.
Fuentes: El País (28/11/23), HuffPost (10/11/24), La Vanguardia (30/04/24).
