A los "cuñaos" que culpan al gobierno como único responsable de la precariedad

Argumentario con datos reales que avalan la réplica frente a quienes culpan exclusivamente al gobierno de las necesidades económicas, incluso cuando la economía española se encuentra en crecimiento:

1. Crecimiento económico y reducción de desigualdades.

• Crecimiento reciente: En 2023, España lideró el crecimiento económico de la Eurozona, con un aumento del PIB del 2,2 %, por encima de países como Alemania o Francia. Además, el empleo alcanzó cifras récord con más de 21 millones de personas trabajando, la mayor cifra registrada en la historia del país.
• Reducción de la pobreza severa: Según Oxfam Intermón, medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) han evitado que 1,6 millones de personas caigan en la pobreza durante la pandemia y la crisis energética.
• Aumento del salario mínimo: Entre 2018 y 2023, el SMI ha pasado de 735,90 € a 1.080 € mensuales, un incremento del 47 %, uno de los mayores en la historia reciente. Esto ha beneficiado especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores en sectores precarizados.

2. La precariedad no es responsabilidad exclusiva del gobierno.

• Estructura del empleo en España: España tiene una alta proporción de empleos en sectores como la hostelería, el turismo y los servicios, donde prevalecen contratos temporales y salarios bajos. Esto no depende directamente del gobierno, sino de las decisiones empresariales y del modelo productivo.
• Beneficios empresariales vs salarios: Según datos del Banco de España (2023), los márgenes empresariales crecieron un 8 % en el último año, mientras que los salarios reales cayeron un 1,2 % debido a la inflación. Esto demuestra que las empresas tienen margen para mejorar los sueldos, pero optan por priorizar sus beneficios.

3. Medidas del gobierno progresista (2019-2023).

• Reforma laboral de 2021: Esta reforma ha reducido la temporalidad en el empleo, pasando del 30 % en 2021 al 17 % en 2023, el nivel más bajo en décadas. Ahora, 8 de cada 10 contratos nuevos son indefinidos.

Protección social:

• Ingreso Mínimo Vital: Ha llegado a más de 1,9 millones de personas vulnerables en 2023, contribuyendo a reducir la pobreza extrema.
• Medidas frente a la inflación: Descuentos en carburantes, límites al precio del gas y ayudas directas a familias han amortiguado los efectos de la crisis energética.

Subidas en pensiones y salarios públicos:

• Las pensiones han subido un 8,5 % en 2023, garantizando el poder adquisitivo de los mayores. Los salarios de los empleados públicos han aumentado un 9,5 % desde 2021.

4. Datos concretos que desmontan las críticas.

• Redistribución social: España es uno de los países con menor desigualdad tras impuestos en la OCDE. Sin la acción redistributiva del Estado, la desigualdad sería un 30 % mayor.
• Comparativa europea: Según Eurostat, el riesgo de pobreza en España tras transferencias sociales se ha reducido del 20,7 % en 2018 al 19 % en 2023. Aunque hay margen de mejora, las políticas públicas han tenido un impacto positivo.
• Desigualdad entre empresas y trabajadores: En sectores como la banca, los beneficios se han disparado: en 2023, las principales entidades españolas obtuvieron ganancias récord (más de 20.000 millones de euros), mientras que la subida salarial media no superó el 3 %.

5. Responsabilidad empresarial y colectiva.

Cultura empresarial en España:

El uso de la contratación temporal ha sido tradicionalmente una estrategia para abaratar costes laborales. La reforma laboral está combatiendo este abuso, pero se requiere tiempo para transformar el tejido productivo.

Solo un 13 % de los trabajadores está afiliado a un sindicato, lo que dificulta la negociación colectiva en muchos sectores. Esto también es una responsabilidad de los propios trabajadores.

 Consumo ético: 

Muchas empresas explotan condiciones precarias porque existe una demanda de productos y servicios baratos. Como consumidores, es importante apoyar negocios responsables y exigir prácticas justas.

Conclusión avalada por datos.

El gobierno ha implementado medidas históricas para mejorar las condiciones laborales y redistribuir la riqueza, como el aumento del SMI, la reforma laboral y políticas sociales ambiciosas. Sin estas medidas, la desigualdad y la pobreza serían mucho mayores.

Sin embargo, la precariedad persiste por el modelo productivo basado en bajos salarios y por decisiones empresariales que priorizan beneficios sobre salarios dignos. Culpar exclusivamente al gobierno no solo es injusto, sino que desvía la atención de los verdaderos problemas estructurales y de la responsabilidad colectiva para solucionarlos.