¿Democracia o simulacro? Perseguir a los denunciantes y la politización judicial en España como amenaza al sistema democrático

¿Democracia o simulacro? Perseguir a los denunciantes y la politización judicial en España como amenaza al sistema democrático.

Introducción:

La calidad de una democracia se mide, entre otros aspectos, por su capacidad para proteger a quienes denuncian irregularidades y por la separación efectiva de poderes. En España, sin embargo, la persecución de denunciantes de corrupción y el uso del poder judicial para frenar políticas progresistas ponen en tela de juicio la solidez del sistema democrático. La existencia de un "partido judicial" y la impunidad de los poderosos son indicadores de una democracia debilitada que favorece a las élites y margina a los ciudadanos críticos.

El problema central:

En un Estado democrático, el poder judicial debe ser independiente y actuar como garante de los derechos de la ciudadanía. Sin embargo, en España, fenómenos como la criminalización de los denunciantes de corrupción y la judicialización de la política han generado un clima de desconfianza en las instituciones. Estas dinámicas no solo afectan la legitimidad democrática, sino que también fortalecen estructuras de poder oligárquicas que perpetúan la desigualdad y la opacidad.

Tesis principales y análisis político.

1. La criminalización de los denunciantes: un ataque a la transparencia democrática.

En lugar de proteger a quienes denuncian irregularidades, el sistema judicial español parece penalizarlos. Casos como el de Hervé Falciani, quien expuso miles de cuentas bancarias ocultas para evadir impuestos, o Ana Garrido Ramos, denunciante de la trama Gürtel, reflejan cómo los denunciantes enfrentan represalias en lugar de reconocimiento.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, en su libro Cómo mueren las democracias, advierten que este tipo de prácticas erosiona la confianza pública en las instituciones. En España, la Ley 2/2023, diseñada para proteger a los denunciantes, ha demostrado ser insuficiente en su implementación, lo que mantiene un clima de miedo que disuade a futuros informantes.

2. El "partido judicial" y su impacto en la democracia.

El bloqueo político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su uso como herramienta de veto a políticas progresistas han llevado a que analistas como Joaquín Urías hablen de un "partido judicial". Esta estructura no solo limita la independencia del poder judicial, sino que se convierte en un actor político de facto.

Este fenómeno es consistente con las "democracias delegativas" descritas por Guillermo O'Donnell, en las que el poder de las instituciones es capturado por élites que responden a intereses privados más que al interés público.

3. La corrupción como síntoma de democracias defectuosas.

La corrupción sistémica es un indicador clave de democracias en crisis. Según Transparency International, España ocupa un lugar preocupante en los índices de percepción de corrupción, comparable a países donde la corrupción afecta severamente el funcionamiento institucional. Bo Rothstein, experto en gobernanza, sostiene que la falta de protección para los denunciantes y la impunidad de los corruptos son características de sistemas que favorecen a las élites económicas y políticas sobre la ciudadanía.

4. La judicialización de la política y la erosión de la horizontalidad democrática

El uso del poder judicial para frenar reformas progresistas, como leyes de vivienda, regulaciones laborales o medidas de igualdad, refuerza un modelo político vertical y excluyente. Ernesto Laclau, teórico del populismo, argumenta que la verdadera democratización requiere horizontalidad y participación activa de la ciudadanía. En España, el poder judicial ha sido instrumentalizado para bloquear iniciativas que buscan una redistribución más equitativa del poder.

Análisis desde el pensamiento político y jurídico.

La filósofa política Hannah Arendt advertía que la impunidad de las élites genera desafección ciudadana y promueve la apatía política, lo que a su vez perpetúa estructuras autoritarias en democracias formales. En el caso español, la judicialización del disenso y la persecución de denunciantes se convierten en herramientas de control que dificultan la participación ciudadana.

Jürgen Habermas subrayaba la importancia de una esfera pública robusta, donde las instituciones y la ciudadanía se mantengan en un diálogo constante para garantizar la rendición de cuentas. En España, sin embargo, las decisiones judiciales tomadas al margen del debate público generan lo que Zygmunt Bauman llamó “zonas grises de la democracia”: espacios donde las decisiones se toman en beneficio de una minoría privilegiada.

Por el contrario, ejemplos internacionales como la Ley Dodd-Frank en Estados Unidos, que protege a los denunciantes de irregularidades financieras, demuestran que es posible implementar medidas efectivas para garantizar la transparencia y fortalecer la democracia.

Conclusión: ¿Hacia una democracia resiliente o un simulacro institucional?

La persecución de denunciantes y la politización del poder judicial son síntomas de una democracia en crisis. España enfrenta desafíos estructurales que requieren atención inmediata:

1. Garantizar la independencia del poder judicial.

Garantizar la independencia del poder judicial exige modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para hacerlo más democrático y representativo. Una propuesta viable sería que su renovación no dependa únicamente de acuerdos entre partidos políticos, sino que sea el resultado de un proceso transparente en el que participen todos los diputados del Congreso mediante votación directa y abierta, respetando mayorías cualificadas que reflejen un amplio consenso parlamentario.

Este mecanismo no solo reforzaría la legitimidad de los nombramientos, sino que también reduciría la percepción de politización y devolvería a la ciudadanía la confianza en que el poder judicial opera de forma independiente, ajeno a los intereses de las élites partidistas. Además, podría acompañarse de audiencias públicas y consultas técnicas para evaluar a los candidatos en función de su mérito y compromiso con la imparcialidad judicial.

2. Implementar mecanismos efectivos para proteger a quienes denuncian irregularidades.

La protección de los denunciantes de irregularidades es esencial para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en las instituciones. Esto requiere un marco legal y operativo más robusto, que incluya:

• Anonimato garantizado: Establecer canales seguros y confidenciales para las denuncias, gestionados por organismos independientes, que aseguren el anonimato del denunciante y eviten represalias laborales, sociales o judiciales.
• Protección frente a represalias: Crear un sistema integral de apoyo que incluya asistencia legal gratuita, reasignación laboral si fuera necesario y compensaciones económicas en caso de pérdida de empleo o ingresos.
• Incentivos para denunciar: Implementar recompensas económicas proporcionales al impacto positivo de la denuncia, como ocurre en otros países, para motivar a las personas a informar sobre conductas corruptas.
• Supervisión independiente: Crear un organismo autónomo especializado en la protección de denunciantes, compuesto por expertos en derechos humanos, juristas y representantes de la sociedad civil, que supervise y evalúe la implementación de estas medidas.
• Educación ciudadana: Promover campañas de concienciación pública sobre la importancia de los denunciantes en la lucha contra la corrupción, presentándolos como actores clave para una democracia saludable.

Un sistema de este tipo no solo protegería a los denunciantes, sino que también generaría un cambio cultural hacia la tolerancia cero frente a la corrupción.

3. Fomentar una mayor participación ciudadana y horizontalidad en las decisiones políticas.

La participación activa de la ciudadanía en las decisiones políticas es un pilar fundamental para consolidar una democracia robusta y representativa. Para ello, se requieren medidas que promuevan una mayor horizontalidad y accesibilidad en los procesos de gobernanza, como:

• Consulta ciudadana regular: Establecer mecanismos obligatorios de consultas populares, como referendos vinculantes o encuestas públicas, para decidir sobre cuestiones trascendentales, como reformas constitucionales o políticas públicas de gran impacto.
• Presupuestos participativos: Ampliar y fortalecer los procesos de presupuestos participativos a nivel local, autonómico y estatal, permitiendo que la ciudadanía decida directamente sobre la asignación de recursos en áreas clave como sanidad, educación o infraestructuras.
• Digitalización de la participación: Crear plataformas digitales accesibles y transparentes que permitan a los ciudadanos proponer, debatir y votar iniciativas legislativas. Estas herramientas deben estar respaldadas por sistemas seguros para garantizar su fiabilidad y proteger los datos personales.
• Consejos ciudadanos vinculantes: Instituir consejos ciudadanos deliberativos, formados mediante sorteo aleatorio y representativo, que asesoren al legislativo y ejecutivo en temas de interés público, asegurando que las decisiones reflejen una pluralidad de perspectivas.
• Educación para la democracia: Implementar programas educativos enfocados en competencias ciudadanas, para empoderar a las personas con el conocimiento y las herramientas necesarias para participar activamente en la toma de decisiones políticas.

Estas medidas no solo ampliarían la capacidad de la ciudadanía para influir en las políticas públicas, sino que también fortalecerían el tejido democrático, promoviendo una distribución más equitativa del poder y reduciendo la brecha entre las instituciones y la población.

Una democracia que margina a los denunciantes y permite la impunidad de los corruptos no solo traiciona a sus principios fundacionales, sino que también debilita su legitimidad. Revertir esta tendencia es esencial para construir un sistema democrático robusto, inclusivo y comprometido con el interés público.