El Debate Sobre los Protocolos de No Derivación de Ancianos con COVID-19 en Madrid: ¿Un Caso de Omisión de Socorro?

El Debate Sobre los Protocolos de No Derivación de Ancianos con COVID-19 en Madrid: ¿Un Caso de Omisión de Socorro?

La gestión de la pandemia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid generó una de las controversias más graves de la crisis sanitaria: los protocolos que impedían la derivación de ancianos con COVID-19 a hospitales. Según investigaciones del periodista Manuel Rico, publicadas en Infolibre, estas medidas no solo resultaron discriminatorias, sino que podrían constituir un caso de omisión de socorro, con implicaciones legales y éticas de gran calado.

1. Dependencia por Encima de Valoraciones Médicas.

Los protocolos establecidos en Madrid se fundamentaron en criterios de dependencia funcional —como el nivel de autonomía en actividades diarias— en lugar de criterios clínicos, como la capacidad física para superar la enfermedad. Esta lógica excluyente supeditó el acceso a la atención hospitalaria a la edad y a la situación de dependencia, dejando de lado principios básicos de equidad sanitaria.

2. Violación al Derecho Fundamental a la Salud.

El derecho a la salud, garantizado por la Constitución Española y diversos tratados internacionales, fue ignorado en estos protocolos. No derivar a ancianos a hospitales, aun cuando su estado lo requería, representa una flagrante violación de este derecho, poniendo en riesgo sus vidas por decisiones administrativas y no médicas.

3. Discriminación y Principio de Igualdad.

La atención médica debe ser accesible para todos, independientemente de la edad, género o condición social. En este caso, la exclusión de los ancianos constituye un acto de discriminación por edad, incompatible con el principio de igualdad ante la ley. Privar a un grupo específico del acceso a la atención hospitalaria refuerza un trato desigual en un sistema que debe ser universal.

4. Deber de Cuidado y Omisión de Socorro.

Los profesionales de la salud y las autoridades tienen un deber legal y ético de proteger la vida y bienestar de todas las personas. No trasladar a pacientes graves a los hospitales, a pesar de que su condición lo justificara, podría ser interpretado como un incumplimiento del deber de cuidado y una omisión de socorro, contemplada como delito en el artículo 195 del Código Penal.

5. Emergencia Sanitaria y Priorización Errónea.

En el contexto de una pandemia, los recursos deben priorizarse para quienes más los necesitan, incluyendo a las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como los ancianos. Ignorar esta prioridad en los protocolos sanitarios de emergencia no solo fue una falta ética, sino una gestión ineficiente que amplificó las tasas de mortalidad en las residencias de mayores.

6. Consecuencias Fatales y Responsabilidades Legales.

La implementación de estos protocolos tuvo resultados devastadores: miles de ancianos fallecieron sin recibir la atención hospitalaria adecuada. La falta de intervención oportuna se tradujo en un deterioro acelerado de su estado de salud, resultando en muertes que podrían haberse evitado. Esto abre la puerta a investigaciones sobre responsabilidades penales y administrativas para los responsables de estas decisiones.

7. Impacto en la Confianza en el Sistema de Salud.

La exclusión de los ancianos no solo afectó a este colectivo, sino que deterioró gravemente la confianza de la sociedad en el sistema sanitario. La percepción de que ciertos grupos no son dignos de recibir atención médica genera un sentimiento de abandono y desigualdad que podría afectar la disposición de la población a confiar en las instituciones sanitarias en futuras crisis.

Un Llamado a la Justicia y la Transparencia.

La pandemia no solo puso a prueba la capacidad del sistema sanitario, sino también los valores éticos que sustentan nuestra sociedad. El caso de los protocolos en Madrid exige una revisión exhaustiva y medidas correctivas contundentes. Manuel Rico y su investigación en Infolibre revelaron una realidad inquietante: el olvido institucional de los mayores en plena emergencia sanitaria.

Es imperativo que las autoridades rindan cuentas, no solo para esclarecer los hechos y sancionar posibles negligencias, sino también para reconstruir la confianza ciudadana y garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir. La dignidad y el derecho a la vida de las personas mayores deben ser principios inquebrantables en cualquier crisis.