Propuesta al gobierno de coalición progresista: “Ley de retiro digno”

Propuesta al gobierno de coalición progresista: “Ley de retiro digno”.

La propuesta de una "Ley de Retiro Digno" aborda una problemática relevante en la sociedad actual: la desigualdad en el acceso a cuidados de calidad para las personas mayores dependientes. Desde una perspectiva progresista, que promueve la justicia social y la igualdad de oportunidades, y se alinea con los principios de equidad y protección de los más vulnerables.

Análisis de la situación actual:

En el contexto actual, las personas mayores enfrentan una profunda desigualdad en el acceso a cuidados de calidad durante su vejez, particularmente en situaciones de dependencia. Las personas con mayores recursos económicos no enfrentan barreras significativas para garantizarse una plaza en residencias privadas de alta calidad. Este sector, además de ofrecer servicios personalizados y entornos confortables, permite que estas personas conserven intacto su patrimonio, el cual puede ser legado sin restricciones a sus descendientes. Este derecho a decidir sobre sus bienes materiales se ejerce sin que el Estado o ninguna institución interfiera.

Por el contrario, para la mayoría de las personas mayores, cuya única fuente de ingresos es una pensión media o baja, el acceso a residencias dignas representa una auténtica encrucijada. En las residencias privadas, los precios son prohibitivos, superando con frecuencia la totalidad de sus ingresos mensuales. Ante esta barrera económica, las residencias públicas son la única alternativa viable, pero estas también enfrentan limitaciones significativas: largas listas de espera, saturación de plazas y, sobre todo, el condicionamiento de su acceso a la cesión del patrimonio personal. El Estado o la administración pública compensa la diferencia entre la pensión y el coste de la residencia, pero exige a cambio que los usuarios cedan propiedades que, de otro modo, habrían sido parte del legado familiar.

Esta situación configura una doble injusticia. Por un lado, se penaliza la pobreza al exigir a los menos favorecidos económicamente que renuncien a su patrimonio para acceder a un derecho básico como es el cuidado digno en la vejez. Por otro lado, se perpetúa una desigualdad estructural intergeneracional: los descendientes de familias adineradas heredan propiedades y recursos que garantizan su estabilidad económica y perpetúan su ventaja social, mientras que los herederos de familias trabajadoras pierden este potencial de movilidad social, quedando atrapados en ciclos de precariedad. En última instancia, esta dinámica no solo es injusta, sino que profundiza las brechas sociales y limita las oportunidades de una parte significativa de la población.

Por ello, es imprescindible abordar esta problemática con una solución estructural que reconozca los cuidados en la vejez como un derecho universal y no como un lujo al alcance de unos pocos.

Argumentos desde una óptica progresista:

1. Equidad en el acceso a cuidados: Es fundamental garantizar que todas las personas mayores tengan acceso a cuidados de calidad, independientemente de su capacidad económica. La desigualdad en este ámbito perpetúa las brechas sociales y económicas.
2. Protección del patrimonio familiar: Permitir que las personas con menos recursos conserven su patrimonio para sus descendientes contribuye a romper ciclos de pobreza y promueve la movilidad social. La expropiación del patrimonio para cubrir gastos de cuidado puede considerarse una penalización a la pobreza.
3. Responsabilidad del Estado: Desde una perspectiva progresista, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Implementar políticas que financien la diferencia entre la pensión y el costo de una residencia digna sin recurrir al patrimonio personal refleja un compromiso con la justicia social.
4. Modelos alternativos de cuidado: Explorar y promover modelos de atención domiciliaria o comunitaria puede ser una solución más sostenible y humana, evitando la institucionalización y respetando el deseo de muchas personas mayores de permanecer en su entorno familiar. Por ejemplo, iniciativas como la del municipio de Pescueza en Cáceres, que ha adaptado su entorno para convertirse en una "residencia" a cielo abierto, permiten a las personas mayores vivir en su comunidad con el apoyo necesario. 

Propuesta de la "Ley de Retiro Digno":

• Financiación pública de los cuidados: Establecer que las administraciones públicas cubran la diferencia entre la pensión del individuo y el costo de una residencia digna, sin exigir la cesión del patrimonio personal.
• Fomento de la atención domiciliaria: Invertir en servicios que permitan a las personas mayores recibir cuidados en sus hogares, lo que puede ser más económico y alineado con sus preferencias.
• Regulación de precios en residencias: Implementar controles que eviten precios abusivos en las residencias, garantizando que sean accesibles para una mayor parte de la población.
• Transparencia y supervisión: Asegurar que las residencias, tanto públicas como privadas, cumplan con estándares de calidad y trato digno, evitando situaciones de negligencia o maltrato.

Conclusión:

Esta propuesta se alinea con los valores progresistas al buscar una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas mayores tengan garantizado un retiro digno sin sacrificar el patrimonio que legítimamente desean legar a sus descendientes. Abordar esta cuestión desde una óptica progresista implica promover políticas públicas que reduzcan las desigualdades y protejan a los más vulnerables, asegurando que la dignidad en la vejez sea un derecho universal y no un privilegio de unos pocos.