La condonación de la deuda autonómica: ¿hacia un modelo más federal o un refuerzo del dumping fiscal?

 La condonación de la deuda autonómica: ¿hacia un modelo más federal o un refuerzo del dumping fiscal? 

El reciente anuncio del Gobierno español de condonar 83.252 millones de euros de deuda autonómica ha reabierto un debate complejo y necesario. A primera vista, la medida puede interpretarse como un alivio financiero para las comunidades autónomas, muchas de las cuales arrastran deudas insostenibles derivadas de un sistema de financiación fallido. Sin embargo, también surgen preguntas incómodas: ¿supone esta condonación un paso hacia un modelo más federal y justo, o estamos reforzando las desigualdades entre territorios y perpetuando prácticas de competencia fiscal desleal?  

El fondo de la cuestión no es solo económico, sino profundamente político. ¿Debe el Estado asumir los errores de gestión de algunas comunidades sin pedir nada a cambio? ¿Es justo que regiones con políticas fiscales agresivas se beneficien de un alivio financiero sin modificar su estrategia? Estas preguntas van al núcleo del modelo territorial de España y de las tensiones entre solidaridad y autonomía.  

Condonación de deuda y federalismo: ¿corregir desigualdades o parchear un sistema roto?

El federalismo bien entendido no es simplemente descentralizar poder y recursos, sino garantizar que todos los territorios tengan herramientas suficientes para ofrecer servicios públicos de calidad. España, sin ser un Estado federal, ha avanzado en esa dirección a través de su sistema autonómico, pero con enormes desequilibrios.  

Muchas comunidades han acumulado una deuda masiva en las últimas décadas no solo por mala gestión, sino porque el sistema de financiación no cubre sus necesidades. Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía son algunas de las más afectadas. En este sentido, la condonación de deuda podría interpretarse como un acto de justicia: un intento de corregir un modelo que ha generado desigualdades y ha obligado a algunas regiones a endeudarse más que otras para mantener su sanidad, educación y servicios sociales.  

El problema es que esta medida se ha anunciado sin una reforma estructural del sistema de financiación autonómica. Es decir, sin cambiar las reglas del juego que han llevado a esta situación. Si no se establece un nuevo modelo que garantice financiación suficiente para todas las comunidades sin necesidad de recurrir a rescates futuros, la condonación se convierte en un simple parche temporal.  

Además, queda la cuestión de la responsabilidad política: ¿qué garantías hay de que las comunidades que reciben este alivio financiero lo aprovechen para fortalecer el estado del bienestar y no para otras estrategias políticas o fiscales? Sin una planificación clara, la medida corre el riesgo de ser percibida como una concesión arbitraria en lugar de un paso hacia un sistema más equitativo.  

El dumping fiscal: el elefante en la habitación.

Uno de los aspectos más polémicos de esta condonación es su posible efecto sobre la competencia fiscal entre comunidades. Mientras algunas autonomías han tenido que subir impuestos para cuadrar cuentas y sostener servicios públicos, otras han optado por rebajas fiscales destinadas a atraer grandes patrimonios y empresas. Este modelo de competencia desleal, conocido como dumping fiscal, erosiona la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades entre españoles.  

Madrid es el caso más evidente. La comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso ha suprimido impuestos como el de patrimonio o sucesiones, convirtiéndose en un refugio fiscal para grandes fortunas mientras mantiene una alta dependencia del gasto del Estado central. El problema no es solo que Madrid capte más riqueza, sino que lo hace a costa de otras regiones, que ven cómo empresas y contribuyentes adinerados trasladan allí su residencia fiscal.  

Si la condonación de deuda se concede sin condiciones, algunas comunidades podrían utilizar este alivio financiero para seguir profundizando en políticas de rebajas fiscales. Esto generaría una situación absurda: mientras unas regiones suben impuestos para sostener sus servicios, otras los bajan y, cuando se endeudan, el Estado acude a rescatarlas. En lugar de reducir desigualdades, estaríamos reforzando un sistema en el que los territorios más ricos pueden permitirse estrategias fiscales agresivas a costa de los demás.  

Condonación sí, pero con condiciones claras.

Desde una perspectiva progresista, la condonación de deuda puede ser una herramienta legítima para corregir injusticias estructurales, pero no debe ser un cheque en blanco. Para que esta medida no sea solo un parche, deben cumplirse al menos tres condiciones:  

1. Reforma del sistema de financiación autonómica: No basta con condonar la deuda acumulada, hay que cambiar las reglas del juego para que las comunidades no sigan endeudándose por culpa de un modelo injusto. Esto implica garantizar que todas las regiones tengan recursos suficientes para sostener su sanidad, educación y políticas sociales sin necesidad de recurrir a rescates futuros.  

2. Mecanismos para evitar el dumping fiscal: Si una comunidad recibe una quita de deuda, no debería poder seguir bajando impuestos de manera agresiva sin consecuencias. Es fundamental establecer criterios de corresponsabilidad fiscal, asegurando que todas las autonomías contribuyan de manera equitativa a la sostenibilidad del Estado del bienestar.  

3. Compromiso con el gasto social: La condonación debe ir acompañada de garantías de que estos recursos se destinarán a fortalecer servicios públicos esenciales y no a otras estrategias de rentabilidad política. Si una comunidad recibe este alivio financiero, debería estar obligada a invertirlo en mejorar la vida de sus ciudadanos, no en alimentar desigualdades.  

Conclusión: federalismo sí, pero con equidad.

La condonación de la deuda autonómica puede ser una medida valiosa si se plantea como parte de una reforma estructural más amplia. Si simplemente se limita a perdonar el pasado sin cambiar el futuro, estaremos perpetuando un modelo disfuncional.  

Desde una visión progresista, lo fundamental no es solo aliviar la carga financiera de las comunidades, sino garantizar que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan acceso a servicios públicos de calidad sin depender de la política fiscal de su gobierno autonómico. La descentralización debe ir acompañada de equidad y corresponsabilidad.  

Si no se establecen mecanismos que frenen el dumping fiscal y aseguren un reparto justo de recursos, la condonación podría convertirse en una herramienta para agravar las desigualdades en lugar de corregirlas. El verdadero reto no es solo qué hacemos con la deuda pasada, sino cómo construimos un modelo territorial más justo, sostenible y solidario para el futuro.