13 propuestas de reformas sociales para vivir con dignidad

13 PROPUESTAS DE REFORMAS SOCIALES PARA VIVIR CON DIGNIDAD

13 propuestas transformadoras para blindar el derecho a la vivienda, el cuidado, la movilidad y la educación como pilares de una vida digna, especialmente en contextos de exclusión territorial, envejecimiento y desigualdad generacional. Se trata de medidas viables, sostenidas en criterios de justicia redistributiva, equilibrio territorial y urgencia social, dirigidas a garantizar que nadie tenga que marcharse de su hogar, su barrio o su pueblo por falta de recursos o de servicios públicos.

1. Blindaje del derecho al cuidado sin pérdida de patrimonio

Garantizar que ningún ciudadano tenga que renunciar a su vivienda para poder acceder a cuidados públicos (residencias, atención domiciliaria, dependencia). Actualmente, miles de familias trabajadoras se ven forzadas a hipotecar o ceder el único inmueble familiar para poder financiar cuidados básicos, lo que perpetúa la desigualdad. Se propone reformar el modelo de financiación pública de los cuidados, blindando constitucionalmente el derecho a recibir asistencia sin vincularlo al patrimonio inmobiliario, especialmente en casos en los que solo se posee una vivienda habitual.

2. Plus salarial por residencia en zonas tensionadas

Establecer, a través de la negociación colectiva, un plus automático para los trabajadores que residan en áreas donde el precio medio del alquiler o la hipoteca supere un umbral del 30% del salario medio. Esta medida, inspirada en modelos existentes en ciudades como Londres o París, busca evitar la expulsión de población trabajadora de sus propios barrios, garantizar el derecho a la permanencia y reducir la gentrificación y el turismo especulativo.

3. Fiscalidad justa de la herencia de grandes patrimonios

Reforma estructural del impuesto de sucesiones para proteger a las familias trabajadoras y penalizar la acumulación injusta de grandes fortunas. Se eximirán o bonificarán hasta casi el 100% las herencias modestas (primera vivienda habitual y patrimonio total inferior al millón de euros), mientras que las grandes transmisiones (más de 3 millones en activos, propiedades, rentas) tributarán con progresividad real. Esta medida busca fomentar la equidad intergeneracional y combatir el crecimiento de una oligarquía hereditaria.

4. Creación de un bono público de alquiler joven e intergeneracional

Conceder ayudas directas para el acceso a vivienda de alquiler, dirigidas a jóvenes menores de 35 años y personas mayores con pensiones inferiores al SMI. Este bono sería compatible con otras prestaciones, pero condicionaría su otorgamiento a que el precio de alquiler sea inferior a la media de mercado por categoría y zona. Se incluiría un plan de exenciones fiscales a propietarios que acepten estas condiciones. Su objetivo es romper el ciclo de exclusión habitacional y promover la convivencia entre generaciones.

5. Obligatoriedad de incluir cláusulas de igualdad territorial en convenios colectivos

Incorporar la dimensión territorial en la negociación colectiva, exigiendo que todo convenio contemple diferencias de acceso y coste de vida en cada zona: transporte, sanidad, vivienda, conectividad. Esto permitiría establecer complementos por insularidad, ruralidad o zonas desfavorecidas, equilibrando las condiciones laborales y frenando el vaciamiento de regiones enteras.

6. Creación de un Fondo Estatal de Apoyo a la Vejez Digna sin condiciones

Impulsar un fondo financiado progresivamente en función de la renta, destinado a garantizar el acceso universal a servicios de vejez: plazas en residencias, atención en domicilio, apoyos comunitarios. Este fondo no podrá estar condicionado al nivel de patrimonio y excluirá prácticas que exigen cesión de la vivienda a cambio de cuidados. Debe regirse por principios de equidad, universalidad y dignidad en la última etapa de la vida.

7. Auditoría y uso social de la vivienda vacía en manos de grandes tenedores

Obligar legalmente a bancos, fondos de inversión y grandes inmobiliarias a declarar el número y localización de sus viviendas vacías. Establecer cuotas obligatorias de cesión para uso público o alquiler social (al menos 30%) y aplicar recargos fiscales por infrautilización prolongada. Se priorizará el uso de estas viviendas para personas en situación de emergencia habitacional, mayores y jóvenes sin acceso al mercado libre.

8. Pacto intergeneracional por el relevo rural y la revalorización del trabajo de cuidados

Propuesta integral para fomentar la repoblación del medio rural y la creación de empleo público vinculado al cuidado: agricultura sostenible, asistencia a mayores, educación ambiental, rehabilitación de viviendas rurales. Un modelo que combine sostenibilidad, protección del patrimonio natural y dignificación de oficios tradicionalmente feminizados y precarizados.

9. Cesión fiscal coordinada a propietarios que ofrezcan alquileres por debajo del mercado

Establecer un plan conjunto entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el Estado, que ofrezca exenciones fiscales (IBI, IRPF, tasas locales) a los propietarios que alquilen sus viviendas por debajo del precio medio de mercado por zona. Estas exenciones solo se activarán si la renta ofrecida parte de un precio previamente evaluado y calificado como asequible por los registros públicos.

10. Reconversión de viviendas incautadas por bancos en parque de alquiler social

Las viviendas que fueron ejecutadas por bancos en procesos de desahucio o por impagos deben tener un uso social inmediato si llevan más de un año vacías. Se propone crear una figura de cesión forzosa con compensación simbólica y temporal a los bancos, permitiendo destinarlas a alquiler público. En caso de que la entidad no acepte la cesión, se aplicará un recargo fiscal automático por cada trimestre en desuso. Esta medida se basa en el principio de función social de la propiedad (art. 33.2 CE) y responde a la urgencia habitacional.

11. Reforma educativa para garantizar equidad territorial y acceso universal

Reforzar los recursos educativos en zonas rurales, barrios vulnerables y periferias, con especial atención a la brecha digital, el acceso a centros de proximidad, y programas de refuerzo y becas. Se garantizará la gratuidad total de todos los niveles educativos (incluyendo libros, comedor y transporte), la ampliación de la oferta en formación profesional rural y la cobertura universal en escuelas infantiles públicas desde 0 años. Esto no solo iguala oportunidades, sino que impulsa el arraigo comunitario y familiar.

12. Plan nacional de transporte accesible y descentralizado

Revisión y reequilibrio de las redes de transporte público para conectar las zonas rurales y suburbanas con centros de servicios, sanidad y empleo. Se plantea una inversión pública sostenida en redes ferroviarias de cercanías, autobuses regionales y transporte colectivo gratuito o muy económico para personas mayores, jóvenes y población en riesgo. Esta conectividad es clave para combatir la despoblación y la exclusión.

13. Creación de un Observatorio Estatal de la Igualdad Habitacional y Territorial

Un organismo público e independiente que evalúe, con criterios de justicia social, las políticas de vivienda, cuidados y territorio. Recogería datos sobre precios, expulsión de población vulnerable, impacto de la turistificación y especulación, condiciones laborales por zonas, y coordinaría propuestas legislativas y fiscales. Tendría capacidad para emitir recomendaciones vinculantes y alertas tempranas.