Cuando el cuidado castiga: patrimonio, herencia y desigualdad en España
En España, muchas personas mayores que necesitan ingresar en una residencia pública de calidad se encuentran con una exigencia silenciosa pero demoledora: ceder su vivienda para cubrir los gastos que su pensión no alcanza. Aunque esta medida parte, en muchos casos, de una buena voluntad institucional —garantizar que nadie quede sin atención por falta de recursos—, lo cierto es que penaliza precisamente a quienes solo cuentan con un patrimonio mínimo: su casa. Mientras tanto, quienes poseen más renta o múltiples propiedades acceden a cuidados privados sin perder nada. Esta dinámica, lejos de corregir la desigualdad, la profundiza.
1. Un sistema de cuidados que penaliza la pobreza patrimonial
El modelo actual de acceso a residencias públicas exige que las personas mayores, si no disponen de ingresos suficientes, contribuyan con su vivienda como garantía. Es decir, deben hipotecar su casa o cederla a la administración para cubrir la diferencia entre el coste del servicio y la pensión. Se trata de un mecanismo que, bajo una apariencia neutral, castiga a quienes han trabajado toda su vida para mantener un hogar, pero no han acumulado otros bienes.
Como explica Manuel Rico: “el acceso a una plaza pública se convierte en una trampa burocrática y patrimonial para las familias trabajadoras” (Vergüenza: el escándalo de las residencias, Capitán Swing, 2021). El resultado es que las clases populares pierden el único bien que podrían legar a sus hijos o nietos.
2. El espejismo del mérito: la riqueza no se genera, se hereda
Este modelo se inserta en un sistema económico profundamente desigual. En España, la riqueza se transmite mayoritariamente por herencia, no por innovación ni mérito. El World Inequality Report 2022 (Piketty, Saez y Zucman) señala que más del 60 % de la riqueza europea es heredada, y en España esta tendencia es aún más marcada por la debilidad del tejido productivo, los bajos salarios y la escasa inversión en I+D.
Miren Etxezarreta lo resume así: “La desigualdad en España no es casual, sino fruto de estructuras fiscales regresivas y falta de redistribución” (Los límites del capitalismo, El Viejo Topo, 2019). Las familias trabajadoras, sin patrimonio acumulado, acaban desposeídas incluso de su vivienda para financiar cuidados que deberían ser garantizados públicamente.
3. Consecuencias intergeneracionales
Obligar a las familias a entregar su única propiedad para acceder al sistema público de cuidados rompe el principio de equidad intergeneracional. Lisa Adkins lo advierte: “el acceso a activos —no el salario— se ha convertido en el factor decisivo de bienestar” (The Asset Economy, Polity Press, 2020). La vivienda heredada es hoy la diferencia entre precariedad y estabilidad.
Privadas de este bien, las siguientes generaciones pierden no solo un hogar, sino la posibilidad de avalar hipotecas, alquilar con seguridad o invertir en estudios. La desigualdad se hereda, consolidando un modelo de clases donde quien no recibe, no accede.
4. Siete propuestas para un modelo justo de cuidados
Frente a este panorama, un gobierno progresista debe romper la lógica que asocia dependencia con desposesión. Estas siete propuestas permiten avanzar hacia un modelo de justicia social:
1. Reconocimiento del cuidado como derecho universal
→ Propuesta: Declarar legalmente el acceso al cuidado (en residencias o domicilio) como un derecho social garantizado, al nivel de la sanidad y la educación.
→ Objetivo: Quitarle el carácter de “servicio condicionado al patrimonio” y asegurar su universalidad.
2. Financiación pública suficiente y estable
→ Propuesta: Aumentar progresivamente el presupuesto destinado a dependencia hasta al menos el 2-3 % del PIB, como en Suecia (3,2 %) frente al 0,9 % de España (OCDE).
→ Objetivo: Reducir listas de espera y evitar que las familias deban cubrir con sus bienes lo que debería garantizar el Estado.
3. Reforma del copago residencial
→ Propuesta: Eliminar la exigencia de cesión de la vivienda habitual para acceder a residencias públicas. El copago debe basarse en ingresos líquidos, no en patrimonio inmobiliario.
→ Alternativa: Establecer un límite de copago que proteja un mínimo de patrimonio transmisible a descendientes vulnerables.
4. Impulso de una red pública de residencias y cuidados domiciliarios
→ Propuesta: Invertir en una red potente de cuidados públicos con calidad, dignidad laboral y ratios adecuadas.
→ Objetivo: Ofrecer una alternativa real al mercado privado y garantizar cuidados sin precariedad.
5. Políticas de equidad intergeneracional
→ Propuesta: Crear fondos de compensación que apoyen a jóvenes que no acceden a herencias por motivos estructurales.
→ Inspiración: El “fondo de dotación universal” propuesto por Thomas Piketty, que plantea entregar una herencia básica a toda persona joven.
6. Fiscalidad justa y progresiva sobre grandes herencias
→ Propuesta: Reforzar los impuestos a grandes herencias y donaciones.
→ Uso: Destinar lo recaudado al sistema público de cuidados, especialmente residencias, asistencia a domicilio y salarios del sector.
7. Protección jurídica del patrimonio mínimo familiar
→ Propuesta: Establecer una figura legal de “patrimonio básico vital” no embargable ni transferible en procesos administrativos.
→ Objetivo: Blindar la vivienda familiar única en situaciones de dependencia y evitar la expropiación encubierta del único bien transmisible.
Conclusión
El sistema de cuidados actual en España, aunque impulsado por la intención de garantizar asistencia, penaliza a quienes menos tienen y perpetúa la desigualdad. Se despoja del único patrimonio a quienes no tienen más, mientras se protege a quienes acceden al mercado sin sacrificios.
Romper esta dinámica exige reconocer el cuidado como un derecho, no como una transacción que castiga la pobreza. Un modelo de cuidados justo debe garantizar una vejez digna, proteger la herencia mínima de las familias trabajadoras y asegurar que ninguna generación empiece desde cero por haber cuidado a las anteriores.
